La Convención sobre los Derechos del niño (y de la niña) de la cual Colombia es parte, consagra en el artículo 38, la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la protección y el cuidado de las niñas y niños afectados por los conflictos armados.
Igualmente, el Protocolo Facultativo relativo a la participación de los niños (y niñas) en los conflictos armados, prohíbe expresamente la vinculación de menores de 18 años en los conflictos armados. Sin embargo, a pesar de la existencia de un amplio panorama normativo internacional y nacional sobre la protección de niñas y niños, en Colombia el reclutamiento y la utilización de menores de edad es una práctica común por parte de los grupos armados involucrados en el conflicto armado interno.
Photos : Archives COALICO - Oscar Fernando Cobo
Niñas, niños y adolescentes víctimas de la guerra
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas niñas y niños en el contexto del conflicto armado colombiano es alarmante. Muchos de ellos son afectados por los ataques de grupos armados a sus poblaciones, en donde mueren o pierden a sus familiares, en algunos casos son sustraídos de sus hogares para ser vinculados a grupos armados organizados (Grupos armados postdesmovilización paramilitar, guerrillas y grupos disidentes de las FARC-EP) y participar directamente de las dinámicas de la guerra. En ciertas circunstancias, los menores de edad hacen parte “voluntariamente” del conflicto cuando se vinculan por persuasión o creyendo en las falsas promesas de sus reclutadores, quienes les ofrecen dinero, estatus, respeto y visibilidad. En otros casos son obligados a hacer parte de estos grupos a través de amenazas y violencia. Una vez vinculados, son usados para el ejercicio de actividades ilícitas y sometidos a un complejo proceso de deshumanización en donde son preparados para asesinar con indiferencia y sin remordimiento.
Históricamente, a las niñas y niño vinculados en los grupos armados, se les niega su condición de víctimas ya que, en muchos casos, esta práctica se ha considerado un acto voluntario de acuerdo con la narrativa de niñas y niños desvinculados. Sin embargo, la vinculación, por uso o reclutamiento de las niñas y niños a grupos armados no es un proceso voluntario, incluso si estos manifiestan su consentimiento. La vinculación es un acto de fuerza facilitado por las condiciones sociales, políticas y económicas en la que se encuentran miles de niñas y niños en Colombia. Las personas menores de edad son útiles a los intereses de la guerra. Los grupos armados sacan provecho de la vinculación de menores de edad, quienes generalmente, hacen parte de hogares muy pobres y en muchos casos se han retirado de las escuelas. Los niños y niñas inmersos en esta dinámica no tienen redes de apoyo y en general habitan territorios abandonados por el Estado y con muy pocas oportunidades para su desarrollo. Adicionalmente, las niñas y los niños por su condición son fácilmente manipulables, situación que es aprovechada por los reclutadores para someterlos a un proceso de alineación psicológica y física que difícilmente están en capacidad de desafiar.
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Los daños irreparables
La vinculación de menores de edad en los grupos armados a través del uso y el reclutamiento, no solamente es una práctica que transgrede los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, sino que además, la experiencia dentro del grupo armado representa para las niñas y niños la violación continua y concurrente de todos sus derechos como el derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad sexual, a la libertad personal, a la educación, a tener una familia y a no ser separados de ella, entre otros. Las niñas y los niños involucrados en la guerra son asesinados o mutilados, ya sea como combatientes o como parte de las comunidades afectadas, cuando sobreviven deben afrontar secuelas psicológicas perjudiciales y duraderas. Los menores de edad también son sometidos a agresiones de tipo sexual. En general, las estadísticas muestran que las niñas son más propensas a ser agredidas sexualmente en comparación con los niños. Sin embargo, no hay que desconocer que el índice de denuncia de las violaciones sexuales en contra de niños es muy bajo debido al estigma que estos hechos llevan asociados particularmente con estructuras patriarcales.
El proceso de reintegración social de las niñas y los niños presenta retos importantes ya que, al vincularse con los grupos armados, pierden sus lazos con la familia y la comunidad. Niñas y niños corren el riesgo de ser estigmatizados y marginados de sus comunidades y familias, perdiendo la oportunidad de asistir a la escuela y desarrollarse intelectualmente, en muchas ocasiones ante la falta de oportunidades y sin tener capacitación laborar se ven abocados a continuar en la delincuencia. Adicionalmente, los menores de edad desvinculados presentan, en su gran mayoría, el síndrome de estrés post trauma que les puede afectar toda la vida. En suma, el conflicto armado les impide vivir conforme lo exige su etapa vital, la más importante de todo ser humano, lo que afecta gravemente su identidad, sus emociones, su forma de relacionarse y de comprender el mundo.
Frente a estas circunstancias, es importante que los diferentes sectores de la sociedad civil, gubernamental e internacional apoyen iniciativas que promuevan proyectos de prevención del uso y reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados. Así mismo, es importante implementar acciones conjuntas de rutas de atención dirigidas a niñas y niños víctimas de este delito. Estos esfuerzos se deben concretar en la garantía y el disfrute efectivo de sus derechos, siempre con la convicción de que merecen nacer y crecer en un ambiente de paz, en el que se les garantice el derecho a la educación, a pertenecer a una familia, a gozar del amor de sus padres, a poder acceder al servicio de salud, a la recreación y en general a poder desarrollar todas sus potencialidades, en igualdad de condiciones y sin discriminación.
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