La Oficina Internacional de los Derechos del Niño ( IBCR ) presenta una nueva publicación que analiza e informa sobre siete años de intervención en Centroamérica para fortalecer la lucha contra la trata de personas en Costa Rica (2015-2018) y Honduras (2019-2022).
A pesar de sus esfuerzos por combatir la trata de seres humanos, Honduras y Costa Rica se enfrentan desde hace varios años a un recrudecimiento de este delito, que afecta a una proporción cada vez mayor de su población, especialmente entre las comunidades vulnerables. El IBCR ha intervenido en los dos paises para apoyar los esfuerzos de lucha contra la trata de seres humanos y proteger a las poblaciones vulnerables.
Mientras que el proyecto en Costa Rica se centró en reforzar a los agentes estatales implicados en la lucha contra la trata de personas, en particular la trata de menores con fines de explotación sexual comercial, las acciones en Honduras fueron más allá al empoderar también a las comunidades vulnerables.
Tras siete años de apoyo en la región en estrecha colaboración con los socios locales, las acciones llevadas a cabo han propiciado varios cambios importantes, entre ellos:
Un apoyo más adecuado a las víctimas y el respeto de sus derechos
Profesionales y comunidades más capacitados para detectar, denunciar, prevenir y apoyar los casos de trata de seres humanos.
Cambios sostenibles en las prácticas y percepciones
Mejor coordinación de las medidas de control nacionales y regionales
Una publicación para revisar
Estos cambios, así como los retos identificados en la lucha eficaz contra la trata de personas y los enfoques utilizados para abordarlos, se reúnen en un informe pionero que ofrece una visión global de las acciones emprendidas por la Oficina y sus socios en Costa Rica y Honduras. La publicación también analiza las lecciones aprendidas de la experiencia de la Oficina, y lo mucho que nos queda por hacer para garantizar que las personas de estos dos países vivan una vida libre del riesgo de la trata.
En un vistazo :
En Honduras
El 76 % de las y los participantes del proyecto dicen que las acciones han reducido la vulnerabilidad de las poblaciones marginadas, especialmente las mujeres y las niñas, a la trata de personas.
El 86 % de las personas involucradas dice que el proyecto ha tenido un impacto positivo en las vidas de las víctimas de la trata de personas.
El 96 % de las y los participantes en el proyecto dicen que es probable que los efectos positivos perduren.
El 96 % de las y los actores de la sociedad civil informaron que su participación en el proyecto en Honduras contribuyó a la mejora de sus prácticas de protección de la niñez.
Las cifras citadas para Honduras están basadas en la evaluación final del proyecto, realizado por 109 personas (58 miembros de instituciones estatales y 51 de la sociedad civil) entre julio y agosto de 2022.
En Costa Rica
El 96 % del personal policial y judicial cree que su participación en el proyecto les ha permitido mejorar la aplicación de la legislación, las políticas y las prácticas relacionadas con la trata de personas.
El 100 % de las y los involucrados en el proyecto consideran que las herramientas desarrolladas o fortalecidas reducirán con el tiempo la vulnerabilidad de las víctimas en el país y harán más efectiva la coordinación interagencial, para una mejor gestión de casos en general.
El 100 % del personal policial y judicial capacitado en Costa Rica ahora se considera adecuadamente equipado para desempeñar su papel en la lucha contra la trata de personas.
Las cifras citadas para Costa Rica se basan en múltiples evaluaciones hechas durante el proyecto con las personas participantes.
Proyectos ejecutados con el apoyo del Gobierno de Canadá, en el marco de su Programa de Refuerzo de las Capacidades de Lucha contra la Delincuencia (PARCLC)