Luis Ernesto Pedernera Reyna es actualmente presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, con un mandato para el periodo 2017/2021, elegido por aclamación y siendo además la primera persona latinoamericana e hispanohablante en presidir este órgano. Es Vicepresidente de la Reunión de Presidentes de los Órganos de Tratados de la ONU. Fue coordinador de la jornada de debate general «Fortalecimiento de los niños como defensores de los derechos humanos» celebrada en 2018.
Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Peticiones Individuales del Tercer Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ha visitado países de diferentes regiones del mundo por invitación de los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, las oficinas de derechos del niño, las agencias de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil para apoyar la difusión y aplicación de las conclusiones y recomendaciones.
Miembro del Comité Académico del Certificado de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra y del Instituto de Derecho del Niño. Es profesor invitado en cursos de grado y postgrado en Uruguay y en el extranjero y es autor de numerosos artículos sobre los derechos del niño en publicaciones especializadas y académicas.
Presidente del Comité Científico del Congreso Mundial de Justicia Penal Juvenil que se celebrará en México en 2021. Es miembro del Consejo de Administración del Foro Africano de Política Infantil. Fue Secretario Ejecutivo de la Coalición Uruguaya para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue miembro del Consejo Consultivo Nacional Honorario de la Infancia y la Adolescencia, órgano de coordinación establecido por el Código de la Infancia y la Adolescencia de Uruguay. Fue miembro de la junta directiva del IELSUR (Instituto de Estudios legales y Sociales del Uruguay). Fue miembro del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y del Caribe por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (REDLAMYC), donde representó a la subregión sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).
Tiene amplia experiencia en el monitoreo de sistemas de justicia penal juvenil, visitando y coordinando equipos de trabajo para la inspección de centros de detención para niños, en Uruguay y otros países, trabajando específicamente en la lucha contra la tortura.
En 2011, fundó la Comisión Nacional contra la Baja de la Edad de Imputabilidad, que trabajó para frenar la reforma constitucional que, en 2014, pretendía que los adolescentes fueran juzgados por la justicia penal de adultos.